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RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN PROCESAL

EN EL

PROCESO CIVIL BOLIVIA

 

En Bolivia tenemos un Código Procesal Civil similar al Código Procesal para Iberoamérica estudiado, analizado y construido por más de 30 años por diversos destacados jurisconsultos de muchos países Iberoamericanos.

 

El régimen de citaciones y notificaciones, puede ser personal, por cédula y por edicto, y no tiene otro propósito de hacer conocer a las partes la existencia de una demanda y de todos los actos procesales de manera certera y rápida.

 

Es así que con el nuevo Código Procesal Civil se avanzó respecto a que la citación con la demanda reconvencional se la haga al demandante en el domicilio procesal señalado, acto  no previsto en el Código Procedimiento Civil abrogado, ya que anteriormente debía citarse en el domicilio real (Art.74-III). Esto lo único que hacía era entrabar el proceso inútilmente porque el demandante puede certera y rápidamente conocer la demanda reconvencional en el domicilio procesal señalado en la demanda. Se avanzó respecto a que la citación por cédula se practique inmediatamente después que el demandado no fuere encontrado en su domicilio real, evitando de esta forma el aviso del Oficial de Diligencias de volver al día siguiente al domicilio del demandado a una hora determinada y si en esta oportunidad no fuere encontrado realizaba su representación para que el demandante solicite mediante memorial la orden de citación por cédula. Esto demoraba bastante, por ello se agiliza la citación por cédula conforme lo establecido por el Art.75-I y II; es decir, es una citación más rápida además de certera ya que conforme al parágrafo III de éste mismo artículo el Oficial de Diligencias debe acompañar a la diligencia la fotografía del inmueble en el que se practicó la diligencia.

 

La citación por edicto también ha mejorado en cuanto a certeza porque el Art.78 autoriza un mecanismo para que la autoridad judicial antes de ordenar esta citación no solo exija el juramento de desconocimiento de domicilio como antiguamente, sino que además debe requerir informes a las autoridades del SEGIP y SERECI como instituciones que registran el domicilio de los ciudadanos para constatar el último domicilio del demandado.

 

Como podemos apreciar, con estas modificaciones se logra celeridad y certeza en la comunicación.

 

El problema que atravesamos todos los días está acentuado en las NOTIFICACIONES por falta de comprensión de la esencia de este nuevo mecanismo procesal. Tenemos que entender que el nuevo Código Procesal impulsa la efectividad, celeridad, eficacia, verdad material, justicia e informalismo, es decir, LO BUENO, luchando contra el formalismo o ritualismo inútil e inconducente u obstaculizador; que es LO MALO. Por ello es que la autoridad judicial antes de observar o exigir requisitos para un acto procesal primero debe preguntarse ¿es bueno, es malo, perjudica, obstaculiza, es conducente, inconducente, impulsa el proceso, viola el derecho a la defensa o el debido proceso?

 

En ese marco, es importante comprender que en el Código Procesal hay normas imperativas que sí o sí deben cumplirse por mandato expreso de la ley, y son muy pocas, y normas procesales flexibles que son más.

 

Si tenemos la capacidad de entender el espíritu de esta norma procesal, comprendiendo ampliamente sus principios, no tendremos ninguna dificultad en aplicar, entre otros institutos, el régimen de comunicaciones como son las notificaciones.

 

El Art.82-I señala que: “Después de las citaciones con la demanda y reconvención, las actuaciones judiciales en todas las instancias y fases del proceso deberán ser inmediatamente notificadas a las partes en la secretaría del juzgado o tribunal o por medios electrónicos, conforme a las disposiciones de la presente Sección.”

 

Al establecer la norma “o por medios electrónicos”, la ley fija otras alternativas de comunicación y nos enseña que las notificaciones de alguna forma deben ser de conocimiento cierto de las partes. Concordante con esto el Art.83 (FORMAS DE NOTIFICACIÓN) establece: I. Las notificaciones se practicarán por la o el oficial de diligencias en las formas y condiciones que señala el presente Código y, en su caso, por correo, facsímil, radiograma, telegrama, acta notarial, comisión a autoridad pública o policial u otro medio técnicamente idónea que autorice el Tribunal Supremo de Justicia.

II. Cuando los juzgados, tribunales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones, o de otra clase semejante que permitan el envío y recepción de escritos y documentos de tal forma que esté garantizada la autenticidad de la comunicación  y de su contenido, y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios con constancia del recibo respectivo.”

 

El motivo de todas estas formas o alternativas de notificación es buscar la celeridad y efectividad de la comunicación, por eso en el primer escrito conforme a lo dispuesto por el Art.72 se debe señalar el domicilio procesal físico, o también comunicar a la autoridad judicial el hecho de disponer de medios electrónicos como domicilio procesal, a los fines de recibir notificaciones y emplazamientos.

 

Está absolutamente claro, que como domicilio procesal no debemos entender únicamente la oficina física del abogado, sino también el correo electrónico o las otras formas de comunicación que autoriza la ley, todo con el propósito de lograr certeza y celeridad en la comunicación procesal.

 

Sin embargo de todas estas alternativas, cometemos el error de abocarnos y concentrarnos únicamente en la forma de notificación en estrados judiciales, olvidando las otras formas de comunicación tal como la del domicilio procesal físico (oficina de abogado) y las electrónicas. Al no estar aún implementadas las comunicaciones electrónicas, circunstancialmente nos queda únicamente la oficina del abogado; por lo que actualmente contamos con dos formas de comunicación; a) la secretaría del juzgado y b) la oficina del abogado.

 

Con el objeto de cumplir lo establecido por el Art.115 de la Constitución Política del Estado, que señala: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.”, las autoridades judiciales no deben interpretar ni aplicar la norma más perjudicial a la consecución de estas garantías, más cuando existe una variedad de formas para cumplir este mandato constitucional de efectividad, prontitud, transparencia y celeridad, consecuentemente, por el principio de DIRECCIÓN establecido en el Art.1 núm.4) del Código Procesal Civil que: “Consiste en la potestad de la autoridad jurisdiccional para encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz, eficiente (…)” la autoridad judicial siempre debe procurar que las partes tengan conocimiento efectivo de los actos procesales.

 

En este marco, no es efectivo por ejemplo, que las resoluciones que ordenan el cumplimiento de un acto procesal en un plazo determinado, se notifiquen en secretaría de juzgado por ser la forma más ineficaz en la práctica, debiendo optarse por la forma más certera que autoriza el procedimiento, tal como sería el domicilio procesal físico ante la falta de implementación de las notificaciones electrónicas. Es ante estos vacíos que debe actuar la autoridad judicial ordenando las notificaciones de la manera más certera y rápida.

 

No es compatible con la garantía jurisdiccional establecida por la Constitución Política del Estado que las notificaciones de los actos procesales se realicen en la secretaría del juzgado sin selección o excepción alguna, porque hay resoluciones unas más importantes que otras y diversas formas de comunicación. Aceptar que luego de la citación con la demanda todos los actos procesales deben notificarse en la secretaría del juzgado no es correcto si nos hacemos las siguientes preguntas:  

 

-          Por qué señalamos domicilio procesal físico en la oficina del abogado? Solo por formalidad o únicamente para ser citados con una eventual demanda reconvencional?

-          Por qué señalamos domicilio procesal físico en la oficina del abogado si supuestamente todas las notificaciones posteriores deben efectuarse en estrados judiciales?

-          Por qué existirían otras formas alternativas de comunicación como son las electrónicas si supuestamente todas las notificaciones deben efectuarse en estrados judiciales?

 

Esto por supuesto merece interpretación pero buscando siempre la forma más efectiva, propositiva y certera, apartándonos de la alternativa menos efectiva y perjudicial. En ese sentido, lo más adecuado es uniformar criterios y disponer que las notificaciones se hagan de la siguiente forma:

 

En el domicilio procesal hasta que se implementen las otras alternativas electrónicas:

 

1.- Los emplazamientos a los que hace referencia el Art.72, que son los que imponen el cumplimiento de plazos especialmente., por ejemplo: a) observaciones para subsanar la demanda, b) traslado de incidentes, excepciones, recursos, pruebas.

2.- Los autos interlocutorios simples, definitivos, sentencia y auto de vista, por su natural importancia.

3.- La demanda reconvencional.

4.- Otros actos procesales que a criterio del juez en el marco del principio de dirección y prudente criterio considere importantes sin que esto signifique un exceso de previsión delegando demasiada carga a la parte, o genere obstrucción y dilación.

 

En estrados judiciales:

 

1.- Las providencias de mero trámite.

2.- Los actos procesales para quienes no hubieran señalado domicilio procesal físico o electrónico o el domicilio físico estuviere en un radio mayor a las 20 cuadras del asiento judicial en las capitales de Departamento y 10 cuadras en el resto, en consideración a que no existe otra alternativa para hacer conocer las resoluciones de forma certera y rápida.

 

En domicilio real:

 

1.- El auto que declara la rebeldía conforme al Art.364

2.- Otras que por su naturaleza e importancia el juez bajo el principio de Dirección considerare la más certera y efectiva.

 

La esencia del Código Procesal Civil conduce a que bajo los principio de dirección y razonabilidad, la autoridad judicial tenga la libertad de dirigir el proceso de la forma más efectiva, rápida y eficaz, sin que esto signifique incurrir en irracionalidad ordenando el cumplimiento de comunicaciones procesales con exceso de previsión, inútil, inconducente, en violación de los principios de celeridad, concentración, economía e impulso procesal, debiendo en todo momento mantener proporcionalidad y armonía entre estos principios.

 

La Paz, 10 de noviembre de 2017.

 

 

 

    Manuel Villarroel Vargas

                   Abogado

     Capacitador del Código Procesal Civil

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                              DEBILIDADES  EN LA APLICACIÓN

DEL

        NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL

 

Estamos a más de un año de aplicación del Código Procesal Civil Ley 439 y la celeridad en la administración de justicia no ha mejorado, lamentablemente está más lenta que en aplicación del Código de Procedimiento Civil.

 

Esto, entre otros factores, se debe a que la mayoría de las autoridades judiciales no llegan a entender el espíritu de los Códigos Procesales Civiles de Iberoamérica, infringiendo directamente  el Art.115 de la Constitución Política del Estado. Esta norma suprema a la letra dice: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.”

 

A partir de esta garantía constitucional es que derivan y en el futuro tienen que derivar los Códigos Procesales para que el proceso sea rápido, efectivo y justo. Por esta razón es que se establece en cada Código Procesal sus principios como cimiento sobre los cuales se construye todo el andamiaje procesal. Por supuesto que no solo los principios que están enumerados en los códigos procesales son la base del proceso, son solo una enunciación, porque también concurren otros principios que sin ser detallados también contribuyen con la efectividad que debe tener todo proceso judicial.

 

Si no llegamos a entender el mandato, esencia y valor de cada uno de esos principios no estamos capacitados para llevar a cabo la administración de justicia con destino al cumplimiento de la garantía constitucional anteriormente transcrita.

 

Cada uno de los principios procesales es un eslabón de una cadena que arrastra la demanda de reconocimiento de un derecho hasta la sentencia y su ejecución. Si la autoridad judicial rompe cualquiera de los eslabones, impide la consecución de una justicia pronta, efectiva y justa.

 

Es una verdad de Perogrullo la deficiente administración de justicia en nuestro país en estos tiempos más que la deficiente anterior. Al fin se puso en vigencia los nuevos códigos procesales civil, y familiar modernos, que no son una creación boliviana por supuesto, sino que es una copia del Código Modelo para Iberoamérica largamente trabajado por reconocidos jurisconsultos de muchos países desde prácticamente el año 1957.

 

El Código Procesal Modelo para Iberoamérica tiene su vigencia desde el año 1989 y Bolivia recién fue introduciendo parcialmente algunos actos procesales de esa tendencia  moderna caracterizada por su agilidad e informalidad con la Ley de Abreviación Procesal Civil y Asistencia Familiar, hasta que afortunadamente se puso en aplicación el Nuevo Código Procesal Civil Ley 439 y el Proceso Familiar Ley 603, 28 años después.

 

Esos 28 años en que Bolivia aún no introdujo estos códigos hemos padecido la aplicación jurisdiccional del ritualismo y formalismo exagerado, inútil y dañino, bacterias que han carcomido los valores de justicia pronta y efectiva. Esa bacteria corre por las venas de abogados y administradores de justicia que aún se encuentran ejerciendo el derecho procesal del siglo pasado, sin darse cuenta que ahora el espíritu y esencia procesal es totalmente ágil, propositiva y proactiva, tendiente siempre a impulsar el proceso para una solución justa y efectiva.

 

Por el contrario, ahora pese a la vigencia de códigos procesales modernos los procesos judiciales siguen sufriendo la más perversa obstaculización y dilación, no por responsabilidad de la normativa, sino de la falta de comprensión cabal de los principios procesales por parte de muchos de los administradores de justicia y funcionarios auxiliares.

 

Los problemas son múltiples que van desde nuestra cultura pleitista y poco conciliadora, tanto de litigantes como de abogados, dificultades presupuestarias, infraestructurales, corrupción, etc, hasta la mala formación académica en las universidades, por ello la solución no solo pasa por cambiar códigos normativos sino códigos de conducta.

 

DEBILIDADES JUDICIALES.- En este sencillo artículo, siempre con el ánimo de construir, identificaremos algunas de las debilidades más comunes que están dificultando la aplicación de estos códigos procesales modernos y lo están deformando.

 

Falta de entendimiento de los principios procesales.- Los principios procesales son la base, el cimiento sobre el que se construye el proceso y son como eslabones de una cadena que arrastra la demanda de reconocimiento de un derecho hasta la sentencia y su ejecución en forma efectiva y justa. Cuando se rompe un eslabón se infringe la garantía jurisdiccional establecida en el Art.115 de la Constitución Política del Estado, derivando en una sentencia enferma y de pronto una ejecución de sentencia estéril e inútil.

 

Daremos algunos ejemplos: El principio de oralidad se rompe cuando los jueces no permiten que las partes ratifiquen oralmente la demanda y contestación, algunos lo único que quieren escuchar de las partes es la frase “me ratifico en todo el contenido de la demanda, o en el contenido de mi contestación”, cuando en realidad la ratificación hay que entenderla como la voluntad de continuar con el proceso y no ratificar el contenido del escrito de demanda, porque el juez debe escuchar la exposición elocuente, clara, precisa y convincente de los abogados. Por eso el proceso es oral, porque el juez tiene que estar dispuesto a ser contaminado con la exposición de las partes ya que en unos minutos u horas más tarde dictará sentencia al calor de todo lo expuesto y pruebas desmenuzadas.

 

No tiene sentido el proceso “oral” si no se habla y se escucha. De lo que se trata es que las partes influyan en el ánimo del juez mirándolo a los ojos y que el juez se involucre e impregne de las pruebas a través de sus sentidos. No tendría efecto el principio de inmediación si el juez no escucha a las partes, testigos y peritos.

 

Algunos jueces no permiten que las partes exploten oralmente el contenido de sus pruebas documentales, gravísimo error, porque cada prueba documental tiene que ser desmenuzada, explotada en su contenido para impactar en el juez.

Si el juez sigue incurriendo en este error de no permitir la oralidad efectiva mas no abundante e inconducente, rompe este eslabón y no se alcanza la efectividad generando un juicio escuálido.

 

El principio de dirección se rompe, cuando la autoridad judicial innecesariamente no acoge la demanda o las peticiones de las partes por defectos formales irrelevantes, cuando se brinda más importancia a la forma por sobre la sustancia, cuando no se reprime incidentes dilatorios, cuando no se impulsa el proceso con miras a lograr la protección del derecho demandado, cuando se emite providencias obscuras sobre las que las partes deben adivinar la intención del juzgador.

 

Este principio se debe entender como la potestad de la autoridad judicial de organizar el juicio para que se desarrolle de manera eficaz y eficiente, con proactividad no con obstáculos. El juez tiene que ser una persona con amplio criterio, tiene que ser versátil, propositivo, debe dirigir el proceso a medida de las exigencias de cada circunstancia, tomando medidas efectivas que aconseje cada caso siempre y cuando no vulnere el principio del debido proceso y no cause indefensión a las partes, debe dar el curso a las demandas o solicitudes con el único requisito de ser éstas entendibles aunque la petición haya sido equivocada.

 

Con estos ejemplos vamos a entender con mayor claridad este principio:

Es inconcebible en estos tiempos y en el derecho procesal moderno las siguientes providencias:

“pida conforme a derecho” o “adecue su pedido a derecho”, esto es del siglo pasado y refleja una conducta formalista inefectiva y obstaculizadora. El juez, que se supone es una eminencia y bajo el principio IURA NOVIT CURIA (el juez es el que sabe el derecho), tiene que indicar cuál es ese derecho.

“estese a los datos del proceso”, esto no facilita nada, no ayuda al curso del proceso, pone en estado de incertidumbre a las partes que no saben a qué se refiere el juez, a qué datos o a qué antecedentes. El juez debe indicar puntualmente cuáles son esos datos a los que quiere la parte que se esté.

“Previamente cumpla con los márgenes del escrito establecido en la Circular “X” Es inadmisible que una autoridad judicial no admita una demanda por incumplimiento de márgenes en el escrito, peor cuando en el memorial se solicita medidas cautelares de urgente ejecución, o cuando falta señalar un domicilio, o cuando no se acompaña croquis, o finalmente cuando se incumple algún requisito subsanable. Un juez proactivo, amplio y probo, admite la demanda, ordena la ejecución de las medidas cautelares solicitadas, protege el derecho de la parte y una vez cumplida la efectividad que exige el Art.115 CPE, le advierte que subsane esos requisitos, toda vez que por elemental sentido común, nunca la forma es más poderosa que la sustancia, salvo, claro está, cuando la forma es IMPERATIVA. Hay que considerar que el mayor porcentaje de las normas de los códigos procesales no son IMPERATIVAS.

Por esta razón es que dentro los poderes del juez (Art.24 CPC) está la de rechazar la demanda cuando sea MANIFIESTAMENTE improponible. No se puede considerar manifiestamente improponible la omisión de requisitos fácilmente subsanables. El Juez debe tener la capacidad intelectual de darse cuenta en el análisis de cada caso, de la magnitud de esa improponibilidad, porque el rechazo de una demanda es un acto sumamente serio y debe responder a una causa sustancial y no formal fácilmente subsanable.

Hay una diferencia enorme entre improponibilidad de demanda y demanda defectuosa. La primera, se explica en un simple aunque exagerado ejemplo: “El actor demanda el cumplimiento de contrato relativo a la entrega de 10 kilos de cocaína comprometidos por el demandado.”  La segunda, con el siguiente ejemplo: “Confusa relación de los hechos e incoherencia entre éstos y el petitorio.” No obstante, si el Juez entiende fácilmente el pedido, aunque no exista cita de disposiciones legales en el escrito puede admitir la demanda, y si el demandado no la entiende, tiene la facultad de plantear excepción de demanda defectuosa.

Ustedes se preguntarán, cómo es posible que se haga una demanda sin citas legales? Sí, hasta ese punto llega el principio de no formalismo en los códigos procesales modernos, solo revisen el Art.258-III del Código de las Familias. Esto responde precisamente a la efectividad, dirección y proactividad que impulsa el proceso moderno.

 

Claro está, que por la complejidad de algunos litigios, la falta de cita de disposiciones legales sustantivas y adjetivas, puede generar confusión en el juzgador ante lo cual seguramente solicitará aclaraciones y fundamentación precisa, no en todos los casos. La regla es que el juez entienda la demanda para admitirla e imprimir celeridad. Por ejemplo, cuando demandamos la reivindicación de un inmueble por parte de ocupantes ilegítimos, relatamos los hechos, acreditamos nuestro derecho propietario y la ocupación, y solicitamos al juez que ordene la “devolución del inmueble”, el Juez para entender nuestro pedido necesita realmente que citemos el Art.1453 del CC.? NO!! porque es una demanda sencilla de la que se colige con meridiana claridad que se quiere la devolución, reivindicación, restitución del inmueble, no hay dónde perderse, porque además se supone que quien administra justicia es una persona con experiencia, capacidad, dotada de razón y que sabe del derecho.

 

Desde luego que con este ejemplo no quiero librar de responsabilidad a los abogados de su obligación de hacer un buen escrito de demanda, simplemente anuncio que por más que la petición sea equivocada pero el juez entiende claramente la pretensión, debe dar curso e impulso, abstrayéndose de formalidades que no aportan a la protección del derecho del litigante.

 

Existen jueces que han rechazado una solicitud de medida cautelar, solo por haber empleado el término de medida “precautoria”, aduciendo que en nuestro lenguaje normativo ya no existe ese término; es decir, es el colmo de la irracionalidad y de falta de amplitud de criterio.

 

Ante la cita que hice anteriormente del Art.258-III del Código de las Familias, ustedes se preguntarán, y qué tiene que ver el Código de las Familias con el Código Procesal Civil? Mucho que ver, por sus venas corre la misma sangre informalista, proactiva y efectiva, ambas normas procesales derivan del mismo código procesal modelo para Iberoamérica.

 

Esta es la esencia de los nuevos códigos procesales y si una autoridad judicial no entiende del informalismo procesal, y de la proactividad, no puede seguir administrando justicia, porque está contaminado por la más destructora de las bacterias, el ritualismo inútil.

Esta bacteria es la que obstaculiza el proceso, esta bacteria es la que genera retardación de justicia, esta bacteria es la que genera la falta de protección rápida y efectiva de los derechos de las partes, esta bacteria es la que socaba los cimientos establecidos por el Art.115 de la Constitución Política del Estado. Si usted detecta estos síntomas en un juzgado, el juez debe ser dado con urgencia de baja juntamente con los funcionarios auxiliares, quienes por supuesto que también fueron contaminados.

 

Los principios de inmediación, concentración y celeridad.- Estos eslabones son los leños de la hoguera que es el juicio mismo. La sentencia no puede ser dictada a temperatura bajo cero, tiene que ser dictada a altas temperaturas que generan estos principios. La autoridad judicial no puede emitir una sentencia si no ha escuchado a las partes, testigos y peritos, si no los ha conocido personalmente, sino sabe si son gordos, flacos, altos, bajos, de lentes, canosos, de bigotes, etc, no puede dictar sentencia sino se ha impregnado con los antecedentes relatados en audiencia y las pruebas, este es el principio de inmediación y es uno de los leños que da calor para la emisión de la sentencia.

 

El juez no puede dictar sentencia si los actos procesales no se han desarrollado en una o máximo dos audiencias, de lo contrario el proceso se enfría con la dispersión de actos procesales, a esto se llama principio de concentración. Por ello es que la ley es clara al imponer que todas las pruebas ya se produzca y ofrezcan en la demanda y la contestación, por ello impone que el juicio debe llevarse a cabo en una sola audiencia en los procesos extraordinarios y excepcionalmente en dos solo en complejos procesos ordinarios. Por ello es que la audiencia debe ser continua, por ello también es que se debe dictar sentencia “al cabo de la audiencia” y por ello es que al cabo de la audiencia si el juez no tuvo tiempo de desarrollar todos los considerandos o ratio decidendi, está autorizado a únicamente dictar la parte resolutiva; es decir, debe hacer conocer su decisión a altas temperaturas. Estas disposiciones legales buscan mantener el calor que se requiere para dictar sentencia, lo contrario genera enfriamiento del juicio, porque si la autoridad judicial permite la dispersión de actos procesales con largas interrupciones en los actos procesales, entre una y otra audiencia, entre la producción de una prueba y otra, llega a olvidarse de los antecedentes, olvida qué dijo tal o cual testigo, olvida las explicaciones del perito, olvida los alegatos de partes y sus abogados, incluso olvida si tal o cual prueba fue producida en tal o cual juicio, teniendo como resultado una sentencia fría, apócrifa por no corresponder realmente a los hechos alegados. La habilidad de los abogados en su exposición elocuente y su fundamentación en el juicio serían inútiles de suspenderse las audiencias y señalarse al día siguiente, peor si el plazo de suspensión es mayor, porque de lo que se trata es de influir en el ánimo del juez en ese momento, de convencerlo de sus argumentos en ese momento, porque en ese momento tiene el juez que decidir, no puede hacerlo después. La autoridad judicial no puede postergar su decisión, no puede darse el lujo de redactar sus considerandos, tiene que hacerlo al cabo de la audiencia precisamente para resolver el conflicto influenciado por la exposición de las partes, sus abogados, testigos y demás pruebas. Luego podrá redactar los motivos de su decisión por escrito y con sentencia completa notificará a las partes. En eso consisten estos tres principios, uno está unido al otro, no pueden romperse.

 

Son tan importantes estos principios, hasta el punto de que un juez sucesor del natural, que no ha dirigido la audiencia de juicio no puede dictar sentencia, y tiene que iniciarla nuevamente para impregnarse de antecedentes y pruebas para estar en condiciones de dictarla.

 

No estamos inventando el derecho, la esencia de cada instituto procesal deriva de hace décadas e incluso siglos, el Código Procesal Civil para Iberoamérica ha merecido décadas de estudio de renombrados jurisconsultos y de lucha contra el ritualismo absurdo e inútil del siglo pasado, no es una creación boliviana ni de país alguno, es un esfuerzo conjunto de muchos países, contribuyamos grandemente a la celeridad y efectividad procesal subordinando las formas y privilegiando la sustancia.

 

El trabajo de una autoridad judicial se mide por la cantidad de controversias que resuelve de forma efectiva, pronta, oportuna y sin dilaciones, por su proactividad, sensibilidad e intención de proteger el derecho de quien acude a su autoridad, no por la cantidad de obstáculos que pone.

 

No vamos a mejorar la administración de justicia si la autoridad judicial no entiende el espíritu de Código Procesal Civil, si no entiende que en el proceso rige el informalismo, si no entiende que aunque la petición de parte sea equivocada pero entendible debe dar el curso que corresponda, que la ley le faculta a organizar su proceso como él vea la forma más efectiva respetando normas imperativas y debido proceso, y si no entiende la flexibilidad del proceso, los procesos civiles van a caer en un pozo más profundo que los procesos penales, a un año de su aplicación ya estamos en ese camino y asfaltado.

 

La Paz, 17 de mayo de 2017.

 

 

 

                Manuel Villarroel Vargas

           Abogado

                   Capacitador del Código Procesal Civil